El modelo agroexportador, concentración de capitales y negociado alimentario.
Cuando la estructura económica marca un grado intenso de concentración y las políticas públicas favorecen esta tendencia la realidad es difícil de esconder debajo de la alfombra.
La concentración del capital es una realidad en la economía local. Si bien, como venimos sosteniendo, existe una mejoría económica en amplios sectores de la población hay una realidad innegable: los menos son cada vez menos y más ricos, y los más somos engañados con las migajas que se caen del banquete de quienes se la están llevando en pala. En el marco de la estructura económica argentina el sector agrícolo-ganadero no es una excepción a esta realidad.
Si bien hay nuevos proyectos y legislaciones que se tratan de enmarcar como medidas de corte progresista en el fondo es más de lo mismo. Aquí debemos ubicar dos grande anuncios realizados en los últimos meses, por un lado presentación por parte del gobierno nacional del “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020” que se hizo casi al mismo tiempo que el proyecto de “Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales”, más conocido como ley de tierras, que en suma no es mas que la consolidación del modelo productivo agroexportador sojero y extractivo. La ley de tierras no toca derechos adquiridos, esto quiere decir que las que tienen nadie se las va a tocar, aun cuando las hayan comprado a precio vil, con prebendas de los poderes políticos de turno o por la fuerza como describimos antes.
El PEA tiene como meta ampliar la producción agropecuaria de 100 a 160 millones de toneladas de granos, extender la superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas, y aumentar las exportaciones agroalimentarias en un 145 por ciento. El primer tema de debate es que aquí no estamos hablando de aumento de la producción de alimentos, sino de granos que son producidos con vistas a satisfacer una demanda externa, en función de un mercado internacional que cotiza alto el precio de esta materia prima. Aquí nace una de las principales contradicciones del PEA ya que no es alimento para consumo humano lo que se produce sino mayormente soja, no solo para la producción de derivados que son, en muchos casos, alimento para el ganado de los países hacia donde se exporta, ejemplo China, sino para la producción de biodiesel como paradigma de la industrialización del agro. A su vez, haciendo un poco de memoria, esta nueva medida hecha por tierra aquel argumento que decía que la polémica ley 125, para las retenciones al campo, era una ley de corte proteccionista para diversificar la producción y mantener a raya el monocultivo de soja transgénica. Claramente mostramos que no se restringe el cultivo sino que se incentiva la producción del mismo. Por otro lado, para cumplir con los presupuestos del plan, mayor volumen de cosechas y superficie de cultivo, será necesario el avance de la frontera agropecuaria (ver nota “el modelo causo una nueva muerte”) a zonas donde las tierras son frágiles para el cultivo intensivo, con el consecuente deterioro del suelo, desplazamiento de comunidades y familias, desmonte, etc. A esto debemos sumarle las quejas realizadas por diferentes organizaciones campesinas, quienes tuvieron una modesta participación en el debate previo, pero poca influencia en las resoluciones finales de la ley, en cambio se sabe que Grobocopatel, “el rey de la soja”, fue uno de los que impuso pautas concretas en el plan.
Por otro lado lo que respecta a la tenencia de tierras podríamos decir que, para graficar la realidad del sector, en los censos del 2000, los primeros cuatro terratenientes del país eran el italiano Luciano Benetton, hoy el mayor terrateniente de Argentina; el húngaro George Soros, propietario de Cresud; y los argentinos Juan y Jorge Born (Bunge & Born) y Amalia Lacroze de Fortabat. En conjunto eran propietarios de dos millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Bélgica. A su vez solo en la provincia de Buenos Aires existen 5 grupos económicos con una superficie superior a 20.000 hectáreas cada uno estas son los Bunge & Born, Lacroze de Fortabat, Bemberg, Werthein y los Blaquier, dueños a su vez del ingenio Ledesma. En suma los cinco grupos son propietarios de casi 400 mil hectáreas, mientras que, por otro lado, los 35 grupos agropecuarios más importantes de la provincia reúnen poco más de 1 millón y medio de hectáreas.
Pese a los bombos del ejecutivo nacional contra la extranjerización de la tierra existen dos situaciones que contradicen esto. China controlará la producción de 330.000 hectáreas en los valles rionegrinas, sobre un total de tierras aptas para agricultura de 500.000, esto sucede debido a que la nueva ley limita el problema a la discusión sobre los nombres que deben figurar en los registros de tierras, los cuales deben ser dueños argentinos, mientras permite que el manejo y control de las tierras pueda seguir en poder de los grandes capitales. En este caso los capitales chinos ya tienen una asociación con la empresa CRESUD de Eduardo Elsztain y con las empresas de Marcelo Mindlin que les da luz verde para presentarse como un proyecto económico nacional. El otro costado flaco de la ley es que hoy en día la tenencia de la tierra no es condición necesaria para producir y sacar suculentas ganancias. La ley no contempla la producción, el manejo y control de las tierras que son aspectos tan importantes como la propiedad de las mismas. Un caso ejemplificador de esto es el del ya nombrado Gustavo Grobocopatel, quien muchas veces se ha calificado a sí mismo como un “sin tierra” jugando con el paralelismo del MST de Brasil, a pesar de ser uno de los grandes empresarios del agro que tiene la argentina. De la totalidad de las tierras que controla y maneja Grobocopatel, menos del 20% son de su propiedad. Según él la facturación anual del grupo Los Grobo es de 900 millones de dólares en total. Entre 40 y 45 por ciento es en la Argentina, un 40 por ciento Brasil y cerca de un 15 por ciento Uruguay. Por otro lado el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 se señalaba la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios, que entonces era -8,4 millones de hectáreas, y el crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato, especialmente, el arrendamiento.
En este marco es que así como los chinos hacen sus negocios en Río Negro, en la provincia del Chaco, el gobernador del Frente para la Victoria, Capitanich ha firmado acuerdos con la empresa proveniente de Arabia Saudita del Sheik Al-Khorayef (Alkhorayef Group) para que dicha empresa pueda producir más de 220.000 hectáreas. Tanto los chinos como los saudíes no poseen “oficialmente” las tierras, pero si deciden qué, cómo y para qué son los enclaves productivos.
Apartado:
De las 48 mayores empresas agropecuarias del país más de la mitad son directamente extranjeras o tienen lazos con inversores externos. Entre 14,5 y 27 millones de hectáreas pertenecen hoy a capitales foráneos, lo que representa entre 5 y 10% del territorio continental. Esos porcentajes, sin embargo, crecerían a 8,3 y 15,5% si se comparan con la superficie productiva.
