Por: Roberto Amarú
Una nueva “fiesta” electoral se vive en nuestra Indo America, esta vez toca el turno de Colombia. El país que hace algunos años viene dando la nota en la intervención imperialista en la región, protagoniza hoy una nueva intentona de la burguesía local e imperialista en renovar las esperanzas de un pueblo que es masacrado por la política burguesa.
Los datos que indican la realidad del pueblo trabajador colombiano muestran a las claras la penuria que padece. La desigualdad histórica a favor de las minorías dominantes se vio agravada en los últimos años por el accionar del gobierno lacayo del imperialismo de Álvaro Uribe Vélez, conocido por su relación con la oligarquía terrateniente, sus contactos con el narcotráfico y los grupos paramilitares, que finalizará en agosto, luego de 8 años de mandato.
Hoy Colombia es el 4to país con mayor riqueza hídrica del mundo, pero sin embargo mueren anualmente 20.000 niños menores de 5 años por falta de agua potable. Por algunas agencias de estadísticas es considerado el país más desigual de todo el continente, y ocupa el puesto número 11 en el mundo. Con la riquezas concentrada en muy pocas manos la mayoría muere en la miseria, y en las 13 ciudades principales el desempleo supera a el 13,1 por ciento de la población mientras que el otro 58 por ciento está en la informalidad.
Colombia es denominada “la democracia más antigua de America”, nombre que algunos le otorgan debido a que no tuvo tantas interrupciones militares como el resto del continente. Sin embrago, este no es mas que una nueva mentira de las clase dominante y sus voceros, que intentan dar aire de democracia en un pueblo que también padeció y padece los mecanismos de dominación de la clase dominante mediante el aparato del estado. Si bien no fueron ejecutados directamente bajo un ejecutivo cooptado por las Fuerzas Armadas, las políticas desarrolladas no distan ni un centímetro en los planes de una dictadura militar, aunque con rostro “democrático”. Un ejemplo claro de esto es la administración del Álvaro Uribe autodenominada 
“doctrina de seguridad democrática”, que bajo la intervención directa de
El actuar de las fuerzas armadas y grupos paramilitares afines a los intereses de los grupos económicos mas poderosos asentados en los campos y ciudades de Colombia tienen un único enemigo: el pueblo organizado. La realidad muestra que la política desarrollada esta lejos de tener como objeto la lucha contra el narcotráfico, los datos demuestran que la producción de estupefacientes en la zona aumento enormemente desde la puesta en marcha del plan Colombia. Durante los años de lucha de las FARC-EP, ELN y el ya desarticulado M-19, las reivindicaciones que las organizaciones hermanas levantaron aun no están conquistadas. Pero fue el proceso de organización, el avance en el control territorial y la inserción en las grandes ciudades lo que determino la militarización del país y la intervención directa del ejército imperialista. Hoy las organizaciones revolucionarias antes nombradas deben enfrentar directamente al ejército norteamericano que se ubicará en las 7 bases militares recientemente otorgadas por el gobierno de Uribe, y que reforzarán el accionar de las FFAA colombianas y los paramilitares.
El despliegue mediático por parte de la burguesía para demonizar las organizaciones revolucionarias, y la justicia de su lucha, no lograron barrer bajo la alfombra las consecuencias de los crímenes contra el pueblo. En las ultimas semanas salieron a la luz algunos datos sobre la desaparición de 38 mil 255 personas en los últimos tres años. El mismo informe de Medicina Legal señala que en el 2009 fueron 18 mil 236 los casos de personas desaparecidas, y en el 2008 la cantidad fue de 15 mil 696 personas, mientras que en el 2007 fueron 4 mil 323 desaparecidos. Lejos de decrecer la cifra de asesinatos contra el pueblo, también se conocieron testimonios sobre los hornos de Medellín donde se queman a los cuerpos, algunos aun con vida, o la fosa común mas grande del continente ubicada en el limite con Ecuador en el departamento de Meta, zona de amplio control de las FARC, donde desde 2005 el ejército ha estado enterrando al menos 2000 cadáveres. A esta política de terrorismo de estado, en la cual esta íntimamente ligado el actual ministro de defensa y favorito en las próximas elecciones presidenciales Santos, se le suma un nuevo plagio el de los "falsos positivos". Este nombre es el que tienen los casos de asesinatos 
de civiles por parte del Ejército Colombiano y fuerzas paramilitares que intentan hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, a fin de justificar los crímenes y difundir su “efectivo” accionar contra las fuerzas revolucionarias.
La doctrina de seguridad democrática allano el camino hacia las conquista patronales, desprotegió al trabajador en general, quito a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras, destruyo los planes de educación superior y concentro el capital en aun menos manos, y todas asociadas a capitales trasnacionales. La desorganización de la clase se ve agravada por la persecución sistemática por parte de las fuerzas represivas, dirigentes estudiantiles, campesinos y obreros son asesinados por el gobierno. Desde agosto del 2002 momento en que sumió Uribe han asesinado a 527 dirigentes obreros, y en lo que va de 2010 son 18 los sindicalistas asesinados. Pero a la política de desarticulación de la clase, se le suma la de destrucción del aparato productivo local. Producto de la crisis diplomática con los países vecinos, Ecuador y Venezuela, principales socios comerciales de Colombia, la administración estrecho su dependencia al mercado norteamericano y seguido de este el reciente Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con
En este contexto la carrera hacia el sillón presidencial se encuentra vacía de contenido a favor de las mayorías explotadas. Ninguno de los personajes que se postulan hace mención sobre los temas que realmente le importan a la población y que en definitiva son el origen del conflicto armado en el país. Todos, como buenos fieles a la clase dominante que los catapulta hacia el ejecutivo, hacen buena letra en sus discursos y propuestas. Ni las ejecuciones extrajudiciales, ni los falsos positivos, ni la desaparición y desplazamiento forzados, ni la persecución a los defensores de derechos humanos, ni la libertad de expresión, ni tantas otras cosas importantes para el pueblo forman parte de sus discursos hacia el ejecutivo. Mucho menos sobre cómo resolver la crisis en las relaciones internacionales, el problema del desempleo, miseria, la aplicación de medidas que protejan al trabajador y mucho menos se refieren a las siete bases militares norteamericanas.
El festival como casi siempre tiene pocas opciones para el pueblo, y una vez más se pone como modelo de democracia la elección de dos candidatos que defienden los mismos intereses. Mucho no se puede agregar sobre a quien representa el preferido de Uribe y oficialista Juan Manuel Santos. Sin embargo, en las últimas semanas la prensa colombiana habla de la revolución verde haciendo referencia al aspirante Antanas Mockus, del Partido Verde, quien hoy disputa cabeza a cabeza las intenciones de voto con Santos. Mockus, ex alcalde de Bogota y rector de 
de Uribe, a su vez de vender un 15% de la petrolera estatal, ya que defiende la idea de que el capital privado traerá inversiones y tecnología, aunque sabemos bien quien termina pagando los gastos de las explotaciones privadas. En una entrevista realizada hace poco Mockus expreso cual seria su política en materia de defensa y relaciones exteriores, la cual no dista en absoluto con la uribista: “la presencia de la policía y el ejército tiene que mantenerse. El trabajo de inteligencia y de uso muy racional, muy preparado y muy calculado de la fuerza para debilitar a las FARC tiene que seguir. No vamos por ningún motivo a confundir a la sociedad con un retroceso hacia etapas donde la salida se veía como la negociación” y continuo diciendo “Colombia no puede amarrarse las manos en materia de lucha antinarcóticos. Y claramente el principal consumidor de droga es Estados Unidos y es el principal socio de Colombia en la lucha contra las drogas. Y nosotros necesitamos contar con la presencia en territorio colombiano de naves norteamericanas, de tripulaciones, de contratistas norteamericanos, en una escala que está regulada por los acuerdos. Sin las bases el país sería probablemente presa de las FARC o de la alianza guerrilla-narcotráfico”.
