El proyecto del nuevo Código de Faltas impulsado por el Gobernador Scioli y su Ministro Stornelli amenaza gravemente las libertades y derechos de los bonaerenses.
La iniciativa no sorprende. Desde la asunción del gobernador, la política en materia de seguridad retornó a las propuestas de “mano dura”, mayor poder para la estructura policial, “mayor poder de fuego”, policía ganen las calles, etc. afirmando que de esta manera se reduciría el delito y la violencia.
Hoy, a consecuencia de esa política, se han hecho habituales prácticas policiales cada vez más violentas y violatorias de derechos y garantías constitucionales. El retorno de los procedimientos masivos de detención de personas (razzias) y el uso cada vez más extendido de las detenciones por “averiguación de antecedentes o identidad”, son un reflejo del amplio margen de arbitrariedad que se ha depositado en la fuerza policial más grande y corrupta del país.
Consecuente es el nuevo proyecto de Código de Faltas, inconstitucional por donde se lo analice, avanzando en la criminalización de la protesta social y represión sobre los sectores más pobres y excluidos de la sociedad. Otorga más facultades discrecionales y arbitrarias a la policía bonaerense. Se podrá meter presos a “vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y prostitutas”.
Pero además afecta la vida de todas las personas, prohibiendo y castigando con arresto las despedidas de solteros y recibidas de estudiantes donde se saque parte de la ropa o arrojen sustancias que afecten su aspecto, se tome cerveza o se juegue al fútbol en la plaza o las veredas, tirar agua durante el carnaval o llevar una llave sin poder explicar su tenencia. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle o gritar en su propia casa.
Como si esto fuera poco, apunta a destruir el más mínimo indicio de organización por parte de la clase, reprimiendo las manifestaciones públicas, ya que se podrá detener a los que participen en marchas o reunión de personas, los que escriben graffitis y leyendas, los que pegan carteles en lugares no autorizados, los que se reúnan “tumultuosamente”, los que participan de piquetes, cortes de calle o escraches. También los que insulten en la calle o hagan un dibujo torpe que ofenda la “decencia pública”. Pero los que no puedan pagar las elevadas multas (por ej. más de $ 7.000 para un cuidacoche), la misma se convertirá en arresto. Vuelve la prisión por deudas del derecho romano.
Por otro lado la reforma crea la figura del juez contravencional en cada municipio y dispone la creación de cárceles para contraventores. El juez será designado por el gobierno provincial con acuerdo de los intendentes y por el plazo de 5 años. Este funcionario administrativo tiene facultades para imponer penas privativas de la libertad, que pueden ir hasta 1 año de arresto y disponer allanamientos e internaciones de alcohólicos sin plazo alguno. Sin lugar a dudas esto es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias e indelegables del Poder Judicial.
Además, en el marco de la aplicación del nuevo código, hace realidad un sueño del gobernador Scioli bajando la edad de imputabilidad y permitiendo que se arreste a los jóvenes desde los 14 años.
Este proyecto a la vez esta en contra del derecho internacional:
El gobierno provincial una vez más demuestra cuales son las medidas para el pueblo: restricción de libertades, mayor exclusión y persecución del pueblo pobre, y represión en vez de prevención. De esta manera no solo queda claro, el interés por criminalizar la pobreza y mantener al pueblo “controlado”, sino que demuestra la forma que la patronal por medio de sus representantes persiguen mantener el equilibrio de la organización social y económico para el mantenimiento de sus beneficios.
El tema de la inseguridad forma parte de un caballito de batalla, mediante el cual evitan analizar y atacar los verdaderos problemas del pueblo empobrecido frente a un sector dominante que se lo lleva todo. No deberíamos olvidar el gran negocio que representa el tema de la inseguridad, desde la venta de armas, las agencias de seguridad privada en manos de ex miembros de las fuerzas armadas, el negocio inmobiliario de casas en barrios privados o “countrys” promovidos por los sectores empresariales más ricos del país, la relación estrecha entre la bonaerense y los bandas delincuentes, etc. Por todo esto no es casualidad, que la clase opresora, estimule el negocio de la inseguridad dándole un marco legal para, por un lado, poder tener mayores ganancias en sus nuevos y viejos negocios, y por otro lado, militarizar las calles de un pueblo trabajador que se encuentra sosteniendo la crisis patronal y esta empezando lentamente a decir BASTA!
Como hombres libres debemos sacar a la luz estas y otras contradicciones. Correr la voz destruyendo estas mentiras que criminalizan nuestras respuestas frente a una patronal que nos empobrece y criminaliza.
Una vez más no nos dejemos engañar, ya que los planes del gobierno, fiel representante de los intereses de ricos, son opuestos a nuestros intereses.
ALEJO BARRERA
