No a la ley antiterrorista

El Estado Argentino estaría próximo a “perfeccionar” la criminalización de la protesta, utilizando la Ley Antiterrorista, aprobada en el año 2007, y que pretenden profundizar, desde el parlamento, como herramienta de persecución y aniquilamiento de todas las luchas políticas y sociales.

Se trata de reformas penales a la actual ley firmada por diputados del GEN, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el Peronismo Federal y el Partido Socialista. En la actualidad este tipo de legislación esta generando estragos en la clase a lo largo y ancho del continente, un caso emblemático es lo que sucede con los compañeros Mapuches en Chile.

Con la aprobación de la ley en el 2007 se incorporó al Código Penal dos artículos; uno definió cuándo una asociación ilícita es considerada “terrorista”, y el otro estableció como delito el financiamiento a una asociación ilícita terrorista o a un miembro de la misma.

Las nuevas modificaciones contemplan acciones contra los medios de transporte o comunicación. Este considera como delito la acción de entorpecer “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”. Es decir que el corte de rutas o avenidas, acción típica en un conflicto, como un acto terrorista, y puede considerarse como un acto terrorista internacional si la organización que lleva adelante el corte es considerada terrorista. Para tal calificación existe el artículo 2º que dice: “Se considerarán organizaciones terroristas internacionales a aquellas que mediante la comisión de delitos tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo (…) que tengan un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”.
a su vez los delitos “terroristas” son imprescriptibles ya que son considerados de lesa humanidad, con lo cual un manifestante que corta una ruta o que se resiste a una detención arbitraria puede ser condenado a 10, 20 o 30 años de prisión.

Con este tipo de medidas queda claro cual es la posición que ocupa el Estado y que intereses defiende. Pese hablar de los derechos humanos el gobierno nacional nada tiene de distinto a la oposición en términos represivos.

En la actualidad existen miles de procesados por luchar, miles que mueren bajo las balas de la represión, y a nivel regional las posiciones de las diferentes administraciones la persecución política sigue siendo un arma cargada contra el pueblo trabajador, en busca de criminalizar la protesta y el pensamiento critico.

Debemos denunciar y luchar contra estas medidas. Debemos luchar por el desprocesamiento y libertad de los presos por luchar.